Por José Granados Fernández
Twitter: @JoseGranadosF

Ante la invasión del Embalse de El Guájaro, que amenaza la fauna y flora de su ecosistema, la Procuraduría Ambiental comenzó a revisar el cumplimiento de las normas que protegen la Ronda Hídrica que circunda el más grande cuerpo de agua del departamento del Atlántico.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, las Rondas Hídricas en ríos, ciénagas, embalses, lagos y otros cuerpos de agua son terrenos protegidos, catalogados por la normatividad vigente como inalienables, imprescriptibles e inembargables. En otras palabras: nadie puede adueñarse de ellos por ser propiedad del Estado y no pueden embargarlos.

Sin embargo, en El Guájaro, así como en el Canal del Dique, los playones, playas y orillas han sido invadidas por particulares, en especial ganaderos o personas que no tienen casa, para usarlas de manera permanente como terrenos familiares. De acuerdo con el análisis del Ministerio Público, por años los alcaldes de Repelón, Sabanalarga y Manatí, como autoridades territoriales, no han cumplido con el deber que les corresponde de proteger el gran embalse.

“Cualquier actividad antrópica, es decir causada por el hombre, dentro de una Ronda Hídrica debe tener permiso; previo estudio, no debe haber daño para el ecosistema. Sin permiso, esas actividades están prohibidas y deben ser sancionadas”, dijo a Emisora Atlántico y Zona Cero.com una fuente del Ministerio Público al enfatizar que en El Guájaro debe definirse un plan de ordenamiento y protección.

Esa franja alrededor de un cuerpo de agua debe ser de 30 metros de ancho. Son terrenos inundables que gozan de protección para cuidar el ecosistema.

Al iniciar una “acción preventiva” para la recuperación ambiental del Embalse de El Guájaro, el procurador Ambiental, Carlos Arrieta Martínez, informó a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA, que el cuerpo de agua ha sido “impactado por las actividades antrópicas, tales como rellenos y jarillones, conllevando a la pérdida de área de su espejo de agua y cambios en su dinámica hídrica, aunado a la alta sedimentación y los vertimientos de aguas residuales domésticas provenientes de las comunidades asentadas en el área de influencia del embalse, como Aguada de Pablo y La Peña, jurisdicción del municipio de Sabanalarga”.

El Ministerio Público pidió al director de la CRA, Jesús León Insignares, el estudio que hayan elaborado sobre la Ronda Hídrica del embalse, en especial “la caracterización de los predios” que se encuentran dentro de esa área protegida.

También pidió información sobre las actuaciones administrativas llevadas a cabo para la recuperación de la Ronda Hídrica, a fin de “evitar que se siga impactando de manera negativa” con obras llevadas a cabo por particulares, especialmente ganaderos, y el vertimiento de aguas residuales -además de La Peña y Aguada- de municipios como Repelón y Luruaco y de actividades industriales.

León informó a la Procuraduría Ambiental que desde 2014 la CRA definió la Ronda Hídrica, sin embargo, en 2017 el Ministerio de Ambiente dio a conocer las últimas disposiciones al respecto y publicó una guía técnica que incluye “unas escalas cartográficas más detalladas y el diseño de una estrategia de participación” que obligan a ajustar el documento existente. En ese proceso de revisión y ajuste se encuentra la entidad ambiental.

La Procuraduría quiere saber cuántos potreros, fincas, terrenos de pastoreo, casas, jarillones, sembrados con pastos y otros cultivos, etc. hay dentro del embalse.

El objetivo es restablecer, inicialmente, la parte ambiental con la delimitación de la Ronda Hídrica y la recuperación de las áreas internas invadidas. Luego, con base en la Ley 160 de 1994, el Ministerio Pública pasará a establecer las reglas del componente agrario. En esta parte del proceso intervendrán la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y las comunidades.

El Guájaro, construido a mediados de los años 60 con el embalsamiento o unión de las ciénagas La Limpia, Ahuyamal, Cabildo, Playón de Hacha y La Celosa, tuvo 16.000 hectáreas de agua para actividades agrícolas y pesqueras hoy limitadas, con poco desarrollo. De acuerdo con cálculos actuales, se han perdido unas 4.000 hectáreas por efectos de la deforestación, los arroyos repletos de basuras, la explotación de canteras y actividades ganaderas. De su buena salud ambiental, ecológica y sanitaria depende el sustento alimenticio de cientos de miles de atlanticenses: por eso urge salvarlo.